A dos años de la implementación de la norma de la interrupciones legales y voluntarias del embarazo (ILE/IVE), comienzan a visibilizarse los datos ofrecidos por las obras sociales y relevados por la auditoria que realizó la Superintendencia de Servicios de Salud.
Según la auditoría que realizó la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), este 2022 las obras sociales notificaron que realizaron 4.966 prestaciones relacionadas con el acceso a interrupciones legales (ILE) y voluntarias (IVE) del embarazo. Sumado a esto, hubo un descenso en los reclamos sobre el servicio.
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A partir de la promulgación de la ley 27.610, distintos organismos debieron adaptarse para monitorear el cumplimiento de la normativa. En esa línea, la SSS a través de la Unidad de Género a cargo de Natalia Garozzo se encarga de controlar la correcta aplicación de la ley. El informe respecto al 2022 contó con un 90% de las obras sociales del país auditadas, lo que significa que 247 fueron estudiadas.
Según el informe oficial al que tuvo acceso Télam, el sistema público sigue siendo el que absorbe la mayor demanda. Sin embargo, las obras sociales están mostrando mayores adecuaciones en sus servicios para cumplir con la ley vigente.
Con respecto al total de prestaciones, el informe aclaró que ese dato no refleja que sean 4.966 mujeres las que accedieron al servicio, «ya que pueden utilizarse más de un tipo de prestación en una misma mujer, por ejemplo, prácticas medicamentosa e instrumental».
Sumado a esto, la auditoría reveló que, del tipo de prestación realizada por las obras sociales, la mayoría corresponde a solo instrumental, sumando el 67% de los casos totales. Por su parte, el 31% fue a través de medicamentos únicamente, mientras que un 2% fue con procedimientos combinados. En cuanto a la obtención de misoprostol, el 90% lo adquirió en farmacias y el 10% de otros proveedores.
Asimismo, el 80% de las obras sociales utilizaron los protocolos institucionales del Ministerio de Salud para acceso a la práctica y atención post aborto, mientras que el 20% restante posee uno propio.
Además, el informe reveló que las obras sociales cuentan con un 36% de prestadores de cartilla, un 30% son prestadores públicos de gestión estatal, un 19% prestadores propios y un 5% de otros prestadores.
En diálogo con Télam, Garozzo sostuvo que «cuando evaluamos los resultados desde la implementación de la ley, observamos que hubo un incremento sustancial de uso de protocolo para el acceso por parte de las obras sociales. En paralelo, podemos ver mayor capacitación en la temática IVE al interior de los agentes. Estos avances impactan directamente en mejoras en el acceso al servicio de las personas beneficiarias».
A pesar del aumento de la prestación de servicios a través de obras sociales, el documento detalló una falta a la hora de brindar información sobre la alternativa. Al respecto, sólo el 26% de las obras sociales difunden información en sus páginas web, redes sociales o cartillas sobre las modalidades y canales de acceso a prestaciones para realizar el procedimiento.
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En ese sentido, el documentó detalló que «se ha observado la indicación de legrados, a pesar de no ser la práctica más recomendada o segura para las usuarias». Y agregó: «Esta práctica incluye 48 horas de internación y sedación, en comparación con abordajes ambulatorios como podrían ser la indicación de misoprostol o la AMEU (aspiración manual endouterina)».
Según el organismo, este hecho deriva en «prácticas pocos seguras y de menor autonomía para las beneficiarias». Sumado a esto, generan «un gasto mayor injustificado».
Según lo recolectado por el informe, entre junio del 2021 y diciembre del 2022 hubo un total de 187 reclamos sobre la prestación de este servicio en obras sociales. En su mayoría, estuvieron relacionados con demoras en la cobertura y la negativa o dificultad para acceder a medicamentos.
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Al respecto, aclara que en algunas localidades el personal de salud deriva a las pacientes debido a la objeción de conciencia. En ese sentido, la SSS indicó que hubo casos en el norte del país donde las personas que solicitaron el aborto tuvieron que dirigirse a otra provincia para concretarlo.
Sumado a esto, Garozzo sostuvo que de cara al año próximo es necesario «profundizar la articulación con otros organismos, coordinar estrategias de acción y enfatizar en la difusión de la temática entre las obras sociales del Sistema de Salud y las entidades de medicina prepaga».
