El ajuste tiene rostro. Y, otra vez, el gobierno de Javier Milei elige que ese rostro sea el de las personas con discapacidad.
El proyecto enviado al Congreso para obligar a reempadronarse a quienes perciben pensiones por invalidez no es un trámite más: es una declaración de principios. Parte de una lógica que invierte la carga de la prueba, que sospecha primero y pregunta después. No se trata de ordenar, se trata de condicionar. De poner obstáculos donde debería haber garantías.
Pero este camino no se recorre en soledad. Cada una de estas decisiones encuentra respaldo en un sector de la sociedad que acompaña, legitima y hasta celebra el endurecimiento. Una sociedad atravesada por el hartazgo, sí, pero también por un discurso que ha sido alimentado desde el poder: el de la sospecha permanente, el del “otro” como carga, el de la crueldad disfrazada de eficiencia.
Ahí está el núcleo del problema. No es solo una política pública: es el clima que la hace posible. Cuando se instala que quienes reciben una pensión deben demostrar una y otra vez que la merecen, se construye una narrativa donde la empatía desaparece y el derecho se convierte en privilegio bajo revisión.
Y mientras tanto, la contradicción es evidente: se intenta reformar el sistema sin aplicar plenamente la ley de emergencia en discapacidad aprobada el año pasado. Es decir, no se cumple lo vigente, pero se avanza para restringir aún más. No hay orden ahí. Hay decisión política.
El resultado es una sociedad más fragmentada, donde el ajuste no solo recorta ingresos, sino también vínculos. Donde el Estado deja de ser garante para transformarse en filtro. Y donde una parte de la ciudadanía, atravesada por la desinformación y la falta de empatía, termina acompañando medidas que, en otro contexto, serían inaceptables.
El peligro no es solo lo que se quita, sino lo que se instala. Porque cuando la crueldad se naturaliza, ya no necesita justificarse. Y entonces el ajuste deja de ser una política económica para convertirse en una forma de ver —y tratar— al otro.