Cuando el río se convierte en negocio ajeno
Otra vez la misma receta: lo estratégico se entrega, lo rentable se concesiona y lo soberano se relativiza. La nueva licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná no es solo una decisión técnica; es una definición política profunda sobre qué país se quiere construir. Se habla de eficiencia, de competitividad, de bajar costos. Palabras prolijas para maquillar una realidad incómoda: se pone en manos privadas —y potencialmente extranjeras— el control operativo de la principal arteria por donde circula la riqueza argentina. El Río Paraná no es un canal cualquiera. Es soberanía líquida. Durante 25 años, una concesión va a decidir cómo, cuánto y en qué condiciones se mueve el 80% del comercio exterior. ¿Quién fija las prioridades? ¿Quién controla de verdad? ¿Quién garantiza que el interés nacional esté por encima del negocio? El argumento oficial es conocido: el Estado no puede, el privado sí. Pero esa lógica es la misma que vació capacidades durante décadas. Primero se abandona lo público, después se justifica su privatización. Y mientras tanto, el modelo se profundiza: más barcos cargados de granos saliendo sin valor agregado, más dependencia de mercados externos, más concentración económica. La hidrovía no se discute como herramienta de desarrollo, sino como autopista de exportación primaria. Ni siquiera el costo ambiental entra en la ecuación con la seriedad que merece. Dragar más, profundizar más, intervenir más el Río Paraná tiene consecuencias. Pero claro, eso no cotiza en dólares. Lo más preocupante no es solo la concesión, sino la naturalización. Se instala la idea de que no hay alternativa, de que es esto o el atraso. Y en ese falso dilema, se diluye algo esencial: el control sobre los propios recursos. La pregunta incómoda sigue ahí, flotando como el mismo río: ¿es modernización… o una nueva forma de entrega? Porque cuando un país resigna el manejo de sus vías estratégicas, no está ganando eficiencia: está perdiendo poder.