El juicio arrancó a comienzos de noviembre y luego de la lectura de las acusaciones y de las indagatorias a los 22 acusados,hoy se comenzo con la etapa de declaraciones testimoniales para las que el Tribunal se desplazó hasta la localidad de Villa Constitución, donde ocurrieron los hechos casi 50 años atrás.
El debate aborda la represión ilegal llevada adelante a partir de marzo de 1975 en Villa Constitución contra la UOM local y los trabajadores metalúrgicos de Acindar, en ese momento presidida por José Alfredo Martínez de Hoz, luego ministro de Economía de la dictadura.
Están imputados 20 ex miembros del Ejército y de fuerzas de seguridad y dos civiles: Roberto Pellegrini, entonces jefe de relaciones laborales de Acindar, y Oscar Torralvo, personal jerárquico de la empresa.
Están acusados por los crímenes cometidos contra 67 personas, que fueron víctimas de secuestros y tormentos y algunas de ellas asesinadas o desaparecidas. Las víctimas fueron trabajadores, referentes sindicales, abogados laboralistas, familiares y vecinos de Villa Constitución que habían respaldado esa lucha sindical de la UOM local y de los trabajadores metalúrgicos durante lo que se conoció como el “Villazo” de 1974.
Acindar tuvo un rol central en la represión desatada a partir de 1975. En la planta se montó un centro clandestino de detención conocido como “Albergue de Solteros”, aportó vehículos, pagó sobresueldos y alojó al personal de fuerzas represivas; facilitó el ingreso a la fábrica de los grupos de tareas y entregó los legajos y fotos de muchos de los perseguidos.
El principio de publicidad en los juicios orales y el acceso a los medios de comunicación está garantizado por el Código Procesal Penal y por acordadas de la Corte Suprema de Justicia y de la Cámara Federal de Casación Penal que establecen criterios específicos para limitar ese derecho en casos en que se viera comprometida la intimidad o seguridad de una persona.
Los tribunales suelen alegar que los testigos pueden «contaminarse» si escuchan otros testimonios, algo que pierde sentido en estos juicios, los cuales tienen una realidad histórica que pasaron más de 48 años de ocurridos los hechos y fueron las propias víctimas junto a los organismos quienes realizaron la reconstrucción histórica.
