Trabajadores del espacio de memoria que funciona en la ex Esma apuntaron que con la desclasificación de archivos se busca “garantizar impunidad” a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad
Trabajadores del Espacio de Memoria y Derechos Humanos que funciona dentro del ex centro clandestino de tortura de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), indicaron que la desclasificación de archivos que dispuso el presidente Javier Milei tiene como objetivo “garantizar impunidad” a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad.
En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, los referentes en materia de Derechos Humanos aseguraron que desde Casa Rosada proponen un debate que no tiene nada de novedoso, y remarcaron que tiempo atrás ya se intentó justificar el accionar de las Fuerzas Armadas exponiendo los peligros que implicaba para el país los supuestos comportamientos de los grupos guerrilleros.
“La idea de que los militares respondieron porque la Patria estaba en peligro es un discurso viejo”, aseguraron desde la ex Esma. Y observaron: “Es pura demagogia la desclasificación. ¿Quién va a hacerla? Echaron a todo el personal especializado en ese tema y el Archivo Nacional de la Memoria ahora lo dirige Natalia Oriolo, experta en criptomonedas”.
“El Gobierno nacional no puede decidir si un crimen es de lesa humanidad o no. Eso está establecido por acuerdos internacionales y, además, fue rechazado por la Justicia argentina. No todo crimen es un crimen de Estado”, destacaron los trabajadores, luego de que el Gobierno nacional adelantara que enviará un proyecto al Congreso para que los delitos cometidos por “agrupaciones guerrilleras” no prescriban.
Paralelamente, señalaron que la mayoría de las personas a las que quisieran juzgar por estos crímenes “fueron desaparecidas, torturadas y asesinadas”.
Estas declaraciones están vinculadas con el anuncio que hizo durante la mañana de este lunes el gobierno de Javier Milei, en donde comunicó que desclasificará toda la información del accionar de las Fuerzas Armadas y de los grupos guerrilleros durante la última dictadura militar. Además, anticipó que pedirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que el asesinato del capitán Humberto Viola y de una de sus hijas -cometidos en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)- sea declarado un delito de lesa humanidad.
