Uno de los hechos mas relevantes que sucedió en estos días y generó impacto en la agenda política del país fue la detención del presidente del directorio de la aceitera Vicentin SAIC, Omar Adolfo Scarel, que fue detenido este lunes por orden de la Justicia de Santa Fe, en el marco de una causa que investiga la venta de acciones de la empresa Renova que estaban cautelados por la Justicia.
Una especialista en temas de la justicia como es la abogada y diputada provincial Matilde Bruera abordó el hecho señalando que, «los fiscales le pidieron su detención porque tenía prohibición de enajenar activos de la empresa y – según los fiscales – habría dispuesto venta de parte de las acciones que Vicentin tiene en la empresa Renova».
Ahora bien, para la legisladora, «estas empresas – como Renova – en realidad forman parte de las maniobras que hizo Vicentin para vaciar la empresa. Recordemos que esa venta de acciones se había hecho casi simultáneamente con la declaración de default».
Además, con la venta de acciones «para hacer un acuerdo con acreedores sería una segunda maniobra defraudatoria, y es lo que evidentemente generó alarma en los fiscales», analizó Bruera.
Según la abogada, los fiscales «consideraron que viola la medida cautelar que es preservar la prueba, y por eso que se declara esta segunda medida cautelar de privación de libertad».
Cabe indicar que Vicentin es la principal empresa cerealera del país y número uno en exportaciones. Declara su default en 2019 «precisamente habiendo recibido un crédito millonario del banco nación y habiendo vaciado su patrimonio creando una serie de empresa paralelas donde evidentemente fue llevándolo», consideró la legisladora peronista.
En ese sentido, «el proceso de Vicentin es una de las estafas mas grandes que ha existido en la Argentina», lanzó la diputada.
Asimismo, Bruera agregó que, » todo este debate sobre expropiación realmente no tiene sentido porque el que expropió fue Vicentín porque la empresa es del estado porque precisamente la financió el estado».
Para la diputada «la empresa debió haberse expropiado porque ya lo había pagado. El banco Nación ya le había dado los fondos a Vicentin», insistió Bruera.
Ahora, «lo escandaloso que la empresa no se haya expropiado en su momento para evitar todo este desastre y defraudación no solo al estado argentino sino a una cantidad importante de acreedores», cerró Bruera.
Cabe indicar que a mediados del 2020 el gobierno nacional dispuso la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin por 60 días.
