La causa Acindar, mejor conocida como El Villazo, se elevó a juicio oral y público. Se trata de la causa que investiga los crímenes cometidos contra trabajadores, la mayoría sindicalizados en la Unión Obrera Metalúrgica, en Villa Constitución el 20 de marzo de 1975.
El fiscal de la Unidad Delitos Lesa Humanidad, Adolfo Villate, especificó que se investigan los delitos de privación ilegítima de la libertad, homicidios y tormentos. Para esta elevación se constituyeron 77 casos y 25 personas estarán sentadas en el banquillo de los acusados. Ninguno de ellas está actualmente en cárcel por otros crímenes, pero al menos dos ya recibieron dos condenas por delitos de lesa humanidad.
Entre ellos, está imputado Roberto José Pellegrini, quien trabajaba en Acindar y que “colaboró como informante para que la represión masiva sucediera. Aportó legajos, dio domicilios de los trabajadores y apoyo logístico a las fuerzas, entregó un espacio físico para que obrara como centro clandestino de detención”.
Villate además destacó que desde la Fiscalía hayan conseguido considerar estos crímenes como de lesa humanidad aunque se hayan perpetrado antes del inicio oficial de la última dictadura cívico militar y del genocidio. “Ya venía preparándose toda la estructura que luego sería la que tomaría el poder de facto un año después el 24 de marzo y sí claramente ya había diversas reglamentaciones que se venían dictando que predisponían todas las estructuras militares y de las fuerzas de seguridad para la represión”, detalló.
Por otro lado, advirtió que habían solicitado las indagatorias en marzo de 2017, “lo cual da una idea del tiempo que llevó lograr esta elevación a juicio”. La demora en los procesos judiciales en delitos de lesa humanidad es una constante que también denuncian las querellas y organizaciones de derechos humanos, que hablan de una “impunidad biológica” ya que en el camino fallecen muchos represores acusados.
Pagliero también subrayó la complejidad de la causa “por centrarse en la persecución estatal durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, que tiene está particularidad de ser una de las causas de lesa humanidad antes del golpe de Estado y en la cual el gobierno Nacional contó con la participación del gran empresariado (Acindar, Marathon y Metcon) y de la burocracia sindical de la UOM Nacional para perpetrar el delito internacional de genocidio hacia los obreros, sus familiares y el pueblo de Villa Constitución”.
Unificar todas las causas y que el juicio se realice en las instalaciones de la UOM Villa Constitución es la meta, en eso se está trabajando.
