El fiscal Ezequiel Hernández acusó al ex ministro de Seguridad de ser el jefe y a Nadia Schujman y Débora Cotichini como organizadoras de una misión destinada a recabar datos de empresarios, periodistas, dirigentes políticos y miembros de la Justicia.
La causa por supuesto «espionaje ilegal» emprendido presuntamente por el exministro de Seguridad, Marcelo Sain, y sus colaboradores durante su gestión comenzó este martes. El fiscal Ezequiel Hernández acusó de ser jefe de una asociación ilícita al exministro, a Nadia Schujman y Débora Cotichini como organizadoras, y al resto de los funcionarios como miembros.
La investigación derivó del hallazgo de «carpetas» y distinto tipo de archivos con información presuntamente recopilada de manera indebida sobre empresarios, periodistas y dirigentes del ámbito santafesino. Los acusados sostienen que fue ilegal ese procedimiento y armado.
El fiscal acusa a Sain de «tomar parte en una asociación ilícita, de carácter permanente, estable y organizada, conformada por funcionarios públicos pertenecientes al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe y el Organismo de Investigaciones con el objeto de cometer diversos delitos contra la administración pública y personas humanas y jurídicas».
«Las actividades delictivas desarrolladas al interior de la organización por parte de los imputados incluyeron la coordinación, articulación, circulación y alianza entre funcionarios pertenecientes al Poder Ejecutivo provincial (Ministerio de Seguridad) y al Poder Judicial (Organismo de Investigaciones)».
Las imputaciones
Marcelo Sain: Autor de asociación ilícita en carácter de jefe (art. 210 2do. párrafo del CP)
Nadia Schujman y Débora Cotichini: Autoras de asociación ilícita en carácter de organizadoras (art. 210 2do. párrafo del CP)
Esteban Germán Montenegro, Diego Rodríguez, Pablo Álvarez, Milagros Bernard y Agustina Moulins: Autores de asociación ilícita en carácter miembros (art. 210 1er. párrafo del CP).
El sector de Sain sostiene que es una persecución y que el allanamiento a las oficinas de esa cartera en Rosario y Santa Fe fueron irregulares. En el mismo sentido Schujman sostiene que la causa tiene todas las características de ser un lawfare urdido por una entente de intereses políticos judiciales y empresarios.
