En la Argentina gobernada por Javier Milei todos quienes viven de su trabajo o tienen ingresos fijos han visto como se evapora vertiginosamente su capacidad de afrontar los fundamentales de la vida: alimento, vivienda, salud y educación entre otros.
Por Facundo Cuesta de Huerquen
Mientras se licúan presupuestos por inflación o se recortan partidas para cumplir con el mandato casi religioso del “déficit 0”, la administración pública se encuentra paralizada: muchas áreas no cuentan con responsables a cargo, ni se han presentado o puesto a andar planes de gestión. Por el contrario, “la gestión” parece abocarse obsesivamente al “plan motosierra”: con el mes de marzo vencen todos los contratos en la administración pública, y circulan versiones de recortes en las plantillas de entre el 15 y el 30% en todo el organigrama oficial.
Mientras esta verdadera masacre se anuncia y espera, este 19 de marzo el vocero presidencial Manuel Adorni realizó un adelanto cargado de significados: anunció el desmantelamiento del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (INAFCI) y del Consejo de la AFCI, y el despido de 900 de sus trabajadores y trabajadoras. El Instituto, creado por decreto en 2022 como continuidad de la Secretaría de AFCI del ex Ministerio de Agricultura, pasaría de esta manera a transformarse en una dirección con una plantilla de apenas 64 personas.
Las voces
Fiel a un estilo provocador, Adorni sostuvo que “Luego de una revisión de datos que, a esta altura no tengo ni que aclararlo, absolutamente calamitosos y profundamente desoladores (…) se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9 mil millones de pesos. Para que tomen dimensión de la fiesta que había en el gasto público, además de los 964 empleados, tenía 160 delegaciones, 2 sedes, 1 de cada 3 empleados eran delegados, tenían 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos. Casi una empresa de empleo político”, aseguró. Al momento de realizarse el anuncio nada había sido notificado oficialmente ni publicado en el Boletín Oficial.
Para Marcelo Ruesta, de la Mesa de Coordinación de ATE Agricultura Familiar, “Es grave que el vocero presidencial salga a mentir descaradamente sobre un organismo y una política pública. Nos parece importante resaltar la importancia de la política pública para el sector de la agricultura familiar que desarrolla el Instituto. Esto se viene desarrollando desde hace más de 30 años, desde el año 93; en su momento tenía la forma de programa social agropecuario, y después se le fue dando diferentes institucionalidades, pero siempre fue sostenida básicamente por la voluntad, el esfuerzo, y el compromiso de los trabajadores y trabajadoras, y por la presencia territorial de las organizaciones campesinas que siempre estuvieron demandándole al Estado mayor presencia. El gobierno miente para cerrar un instituto que es fundamental, porque acompaña y promueve a un sector que es el que nos da de comer a todos los argentinos y argentinas”.
Poco después de la conferencia de Adorni, la Mesa de ATE Agricultura Familiar integrada por representantes de todas las regiones del país, respondió pormenorizadamente sus dichos mediante un comunicado de prensa titulado “Mentir para ajustar”. En paralelo, todas las organizaciones de productores/as han manifestado su repudio; se preparan asambleas y acciones de visibilización en las distintas regiones del país, y articulación con instancias nacionales.
Agricultura Familiar: ¿Qué ves cuando me ves?
El desmantelamiento del INAFCI es coherente con el restablecimiento de una mirada que ubica al sector no como un sujeto productivo sino (en el mejor de los casos) como objeto de asistencia: “los pobres del campo”, descapitalizados e “improductivos”, “marginales”, en las antípodas del “progreso” que representa la agroindustria de escala, como pooles de siembra, grandes propietarios y empresas integradas verticalmente. Esta mirada está plagada de prejuicios: de clase, de género y racistas; tiene fuerza en nuestra sociedad pero sobre todo, es la mirada predominante entre las entidades del agronegocio cuyos cuadros han pasado a colonizar el organigrama oficial.
Sin embargo, para la propia FAO a nivel mundial, la agricultura familiar, campesina, pueblos originarios, pescadores artesanales y pastores/as trashumantes, son las y los garantes de la alimentación de la humanidad: cerca del 60% de la comida la provee este sector, con apenas el 25% de la tierra productiva; en circuitos de comercialización más eficientes que los corporativos donde el alimento cruza el mundo y se desperdicia cerca del 30% de lo producido. Representa la enorme mayoría del empleo rural. Sostiene entramados económicos diversos en pequeñas y medianas localidades, fomenta el arraigo rural y la asociatividad en cooperativas y organizaciones, preserva ambientes naturales o los aprovecha productivamente con lógicas no predatorias que permiten su regeneración y sostén. Son guardianes de las semillas nativas y criollas, el acervo genético que la humanidad construyó en 10.000 años de agricultura, “mejoramiento» campesino e intercambio entre pueblos, mientras en 60 años de “Revolución Verde” la simplificación de agroecosistemas y uso de pocas especies y variedades ha generado la pérdida del 75% de la agrobiodiversidad. Es un actor clave para enfrentar los rigores de la crisis climática, regenerando suelos y ambientes con sistemas productivos agroecológicos y resilientes. También es un sector potente en la construcción de comunidad.
En Argentina subsiste una historia de marginación de políticas públicas que permitirían amplificar su potencial productivo, y está mayormente excluido de subsidios, exenciones impositivas, o políticas de fomento directas e indirectas, de las que sí goza la agroindustria corporativa, que sin embargo hace alarde de “no necesitar del Estado nada más que le saquen la pata de encima”.
Desde lejos no se ve
Desde las ciudades es difícil reconocer el rol fundamental del sector aunque cada día sus producciones llegan a nuestras mesas. Por distancia material, por naturalización de formas de comercialización y tipos de producción, o por la propia dinámica urbana, el vínculo íntimo que todas y todas tenemos con la ruralidad, sus actores y sus dramas, sigue mayormente invisibilizado. Vivimos en el 8vo país en superficie del mundo, con los climas más diversos y las posibilidades productivas más variadas y potentes, pero con el 92% de la población (mal) viviendo en las ciudades.
De un tiempo a esta parte, principalmente por la acción directa de las organizaciones de productores/as el sector consiguió atraer la mirada y atención de una parte de la población urbana: sectores empobrecidos que hacían largas colas en los verdurazos para acceder a precios justos, y también sectores medios que reconocieron los peligros para la salud que entraña la producción con agrotóxicos y buscan la producción agroecológica que esas mismas organizaciones, venciendo todo tipo de obstáculos, consiguieron desarrollar en distintos territorios, a través de canales de comercialización propios. Es admirable lo las organizaciones construyeron en estos años, aún sin lograr modificar las bases materiales de la estructura agraria argentina, sobre todo en cuanto al acceso a la tierra.
Circo, crueldad y proyectos
Como en guerras tribales en que un prisionero es elegido cuidadosamente para ser decapitado frente a los ojos de las fuerzas oponentes; antes de los despidos masivos que se anuncian, la motosierra eligió apuntar al sector de la agricultura familiar, campesina e indígena, a sus organizaciones, y las y los trabajadores que les acompañan para mandar un mensaje.
Ese destinatario es nuestra sociedad, que se debate entre el aplauso exaltado de quienes han sido inoculados con un odio irracional que muchas veces los ubica sobre el mismo filo de la motosierra que celebran; o la que reconoce que su destino, aun viviendo en las grandes ciudades, está unido al de esas miles de familias campesinas que en muy difíciles condiciones abastece cada día de alimentos la enorme mayoría de las mesas argentinas.
El desmantelamiento del INAFCI será resistido, como el intento de cierre de Télam o la privatización de Aerolíneas y el Banco Nación, pues en su defensa se juegan no sólo el trabajo y el sustento de miles de familias trabajadoras, sino porque de ello depende también, la posibilidad de construir colectivamente un proyecto nacional soberano que haga realidad el anhelo siempre jóven de la justicia social.
