El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, intimó al Gobierno nacional a dar cumplimiento efectivo y total a la medida cautelar que obliga a ejecutar aspectos de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
La resolución establece un plazo perentorio de cinco días y advierte que, si el Ejecutivo no cumple, podrán aplicarse multas económicas por cada día de demora.
La medida cautelar había sido dictada por el propio Cormick y posteriormente quedó firme luego de que las instancias superiores rechazaran los recursos presentados por el Gobierno. La Justicia había ordenado avanzar con la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados principalmente con la recomposición salarial de docentes y no docentes y las becas estudiantiles.
En una resolución anterior, Cormick también había ordenado ejecutar las partidas previstas por la norma para gastos de funcionamiento, salarios, becas e investigación.
El nuevo pronunciamiento se produce luego de que el magistrado considerara que la cautelar firme todavía no había sido cumplida en su totalidad. Por eso, intimó al Estado Nacional a concretar su cumplimiento dentro del plazo establecido.
El conflicto por el financiamiento universitario continúa así en el terreno judicial, mientras las universidades y los gremios reclaman la aplicación efectiva de la legislación sancionada por el Congreso.