Así lo aseguró el Presidente al anunciar la promulgación de la norma sancionada por el Congreso a comienzos de mayo que permitirá generar una nueva actividad productiva en muchas provincias.
El presidente Alberto Fernández afirmó este martes que la Ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial «es un paso en el acceso al derecho a la salud» y, a la vez, «un triunfo de la sociedad contra la hipocresía«, al anunciar la promulgación de la norma sancionada por el Congreso a comienzos de mayo que permitirá generar una nueva actividad productiva en muchas provincias.
Fernández encabezó esta tarde en el Salón de las Mujeres de Casa de Gobierno el acto de presentación de la promulgación de la nueva ley, junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y a la fundadora de Mama Cultiva, Valeria Salech, la Organización No Gubernamental que llevó adelante el reclamo por la sanción legislativa del proyecto.
El Presidente aseguró que «el cannabis era para gran parte de la sociedad una palabra prohibida; pero las voces de unas madres llamaron la atención de muchos: podían resolver los problemas de la gente»,
Fernández agregó que contar con esta nueva Ley «es otro triunfo de la sociedad contra la hipocresía», porque a pesar de los prejuicios permitirá «ayudar a resolver la salud de mucha gente que lo necesita y que probó que esos medicamentos le sirven y hacen más llevaderas sus vidas».
«Hoy damos un paso muy importante hacia una industria que de trabajo, que produzca, que exporte y genere divisas pero también en el ejercicio concreto de acceso al derecho de la salud», resaltó el jefe de Estado.
Fernández también informó que «hacia 2024 el mercado internacional de cannabis alcanzará los US$ 42.700 millones, y los productores argentinos podrán competir con muchos» que hoy ya están lanzados en esta industria, y enumeró a Israel, Canadá. Estados Unidos y Colombia.
«La ley fue resultado del consenso, primero de los que mandaron el proyecto, después el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Consejo Económico y Social y luego el Congreso», reseñó el mandatario, y refirió que «es profundamente federal, porque en el noroeste se puede producir con más facilidad y es la posibilidad de generar trabajo».
Por su parte, Kulfas dijo que la ley «da respuesta a una necesidad de muchos años, que tiene absolutamente probada las capacidades terapéuticas del cannabis», pero que además dará «el marco adecuado para producir en escala, con calidad trazabilidad y generar desarrollo regional con presencia de la Argentina con pymes cooperativas y emprendedores».
El ministro reiteró que «se está fundando una nueva industria en la Argentina» y que este nuevo sector productivo «podrá estar creando cerca de 10.000 puestos de trabajo de calidad, con presencia en investigación y desarrollo, y permitirá generar 500 millones de dólares al año en el mercado interno y 50 millones de dólares de exportaciones anuales».
Kulfas recordó que «fue un proyecto discutido, consensuado y luego validado por el Consejo Económico y Social» y consideró que la nueva norma «da respuesta a una necesidad de muchos años, (tras ser) absolutamente probadas las capacidades terapéuticas del cannabis y del cáñamo como insumo industrial».
«Va a dar el marco adecuado para poder producir en escala, con calidad y trazabilidad, y generar desarrollo general; es una industria que va a tener presencia en diferentes regiones de la Argentina, con una fuerte presencia de pymes, cooperativas y emprendedores, dando oportunidades de trabajo», precisó.
El ministro explicó que con la promulgación de la ley «se pone en marcha esta agencia que va a tener la capacidad de establecer licencias de producción y exportación para generar un entramado productivo federal».
La norma para el desarrollo del cannabis medicinal y el cáñamo industrial es el marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena y permitió complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo de esa planta.
En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.
La ley contempla también la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal.
Esa entidad tendrá autarquía técnica, funcional y financiera, y orbitará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la nueva agencia establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al peticionante, con el fin de «maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos».
