Por Daniel Baldomir
Hay algo que me llama poderosamente la atención de esta Argentina.
Y no es solamente lo que hace el Gobierno.
Es algo mucho más profundo: la manera en que una parte de la sociedad observa esas decisiones, las justifica y hasta las aplaude, incluso cuando algunas de ellas pueden afectar directamente sus propias condiciones de vida.
Salís a la calle. Preguntás.
¿Y qué aparece?
Un jubilado defendiendo el ajuste.
Un empleado estatal justificando el achique del Estado.
Un trabajador diciendo que hay que “terminar con los privilegios”.
Una persona que necesita de la salud pública defendiendo el recorte.
Alguien que tiene problemas para llegar a fin de mes explicando que “primero hay que ordenar las cuentas”.
Y entonces aparece una pregunta incómoda:
¿En qué momento dejamos de discutir qué le pasa a nuestra propia vida para empezar a defender una idea de país que puede ir en contra de nuestros propios intereses?
Porque una cosa es defender una ideología.
Otra cosa es dejar de mirar la realidad.
El Gobierno de Javier Milei convirtió el achique del Estado en una bandera política. Y eso no es una interpretación: el propio Gobierno presenta la reducción del tamaño del Estado como parte central de su programa. Los datos oficiales muestran que al 31 de agosto de 2026 había 269.025 trabajadores en la administración pública nacional, empresas y sociedades, un 5,8% menos que un año antes.
Y frente a eso aparece una escena que debería hacernos pensar.
El empleado estatal que aplaude que se reduzca el empleo estatal.
¿Y mañana?
¿Cuando el ajuste llegue a su oficina?
¿Cuando desaparezca su puesto?
¿Cuando una dependencia cierre?
¿Cuando una prestación que necesita deje de existir?
¿Seguirá siendo “la casta” si el despedido es él?
Ahí está la discusión que muchas veces desaparece detrás de las consignas.
Porque decir “hay que achicar el Estado” suena sencillo.
Pero el Estado no es una abstracción.
Son trabajadores. Son hospitales. Son escuelas. Son universidades. Son jubilaciones. Son organismos públicos. Son políticas sociales. Son servicios. Son personas.
Y tampoco alcanza con repetir que “todo estaba mal antes”.
Porque si queremos discutir seriamente el Estado, discutamos.
Si hubo corrupción, que se investigue.
Si hubo ñoquis, que se demuestre.
Si hubo privilegios, que se eliminen.
Si hubo funcionarios que robaron, que respondan ante la Justicia.
Pero una cosa es combatir la corrupción.
Otra muy distinta es convertir la sospecha sobre todo trabajador estatal en una excusa para justificar cualquier recorte.
Y acá aparece otra contradicción que merece ser discutida.
¿Por qué tanta energía para hablar del empleado público y tan poca para hablar del poder económico?
¿Por qué el problema parece ser siempre el que cobra un sueldo del Estado?
¿Por qué no discutimos con la misma intensidad los privilegios empresariales, la evasión, la concentración económica, la fuga de capitales, la renta financiera o los mecanismos mediante los cuales determinados sectores acumulan riqueza?
Porque si vamos a hablar de privilegios, hablemos de todos.
No solamente de los que tienen uniforme de empleado público.
Y hay otra escena todavía más difícil de explicar.
El jubilado que aplaude el ajuste.
El jubilado que repite que “no hay plata”.
Pero mientras tanto tiene que hacer cuentas para comprar medicamentos, pagar servicios y llenar la heladera.
Los números también forman parte de la discusión. En junio de 2026, un informe de Chequeado calculaba que las jubilaciones mínimas con bono estaban 9,3% por debajo, en términos reales, de noviembre de 2023.
Entonces la pregunta no es si ese jubilado tiene derecho a apoyar a Milei.
Por supuesto que lo tiene.
La pregunta es otra:
¿Puede un ciudadano defender una política que objetivamente deteriora sus condiciones materiales y, al mismo tiempo, preguntarse por qué lo hace?
Claro que puede.
Y justamente ahí empieza la política.
Porque la democracia no consiste solamente en votar.
También consiste en interrogar nuestras propias certezas.
En preguntarnos si el relato que repetimos coincide con la realidad que vivimos.
Y acá es donde la discusión sobre el fenómeno libertario se vuelve interesante.
Porque quizás el problema no sea solamente la ideología.
Quizás el problema sea cuando una ideología se transforma en una identidad tan fuerte que los hechos dejan de importar.
Si el Gobierno despide empleados públicos, es eficiencia.
Si recorta, es austeridad.
Si baja salarios reales, es el precio del cambio.
Si una jubilación pierde poder de compra, es porque “no hay plata”.
Si una empresa estatal se vende, es libertad.
Si se reduce una política pública, es “sacar al Estado de encima”.
Todo tiene una explicación.
Todo tiene una justificación.
Pero entonces aparece una pregunta brutalmente sencilla:
¿Qué tendría que pasar para que un libertario diga: “Esto está mal”?
Porque si absolutamente todo lo que hace el Gobierno puede ser justificado de antemano, entonces ya no estamos discutiendo políticas públicas.
Estamos discutiendo fe.
Y la política no debería ser una cuestión de fe.
Debería ser una cuestión de resultados.
¿Vivimos mejor?
¿Tenemos mejores salarios?
¿Tenemos mejores jubilaciones?
¿Tenemos más trabajo registrado?
¿Tenemos mejores hospitales?
¿Tenemos mejores escuelas?
¿Tenemos un Estado más eficiente?
¿Hay menos corrupción?
¿Hay más transparencia?
¿La riqueza se distribuye de una manera más justa?
¿El ciudadano común vive con mayor tranquilidad económica?
Esas son las preguntas.
No si Milei habla fuerte.
No si Milei insulta.
No si la oposición nos gusta o nos disgusta.
No si el peronismo hizo las cosas mal.
Miremos la realidad.
Porque también es posible reconocer los errores del pasado y, al mismo tiempo, cuestionar las decisiones del presente.
No existe ninguna obligación de elegir entre dos fracasos.
Y tampoco existe ninguna obligación de aplaudir todo porque “del otro lado está peor”.
Ese es uno de los grandes peligros de la política convertida en hinchada.
Cuando dejamos de ser ciudadanos para convertirnos en fanáticos.
Cuando ya no defendemos nuestras ideas sino que defendemos a nuestro equipo.
Cuando el dolor propio se vuelve tolerable siempre que el Gobierno que elegimos siga teniendo razón.
Y entonces sucede lo más extraño de todo:
el trabajador defiende el ajuste que puede perjudicarlo;
el jubilado defiende políticas que pueden reducir su poder adquisitivo;
el empleado estatal defiende el achique del Estado;
y todos terminan convencidos de que el problema siempre está en otro.
Quizás haya llegado el momento de recuperar una vieja costumbre democrática:
pensar.
Pensar incluso contra nosotros mismos.
Preguntarnos si aquello que defendemos mejora nuestra vida o simplemente confirma nuestra identidad política.
Porque si la ideología necesita que neguemos lo que vemos todos los días, entonces el problema ya no está solamente en el Gobierno.
También está en nuestra capacidad para mirar la realidad de frente.
Y el periodismo, si pretende ser periodismo, tiene que hacer justamente eso: incomodar.
No para decirle a nadie qué tiene que pensar.
Sino para hacer una pregunta que quizás sea mucho más incómoda:
¿Cuánto estamos dispuestos a perder para tener razón?