Desde hace casi 50 años, Roberto Bravo viene esquivando a la Justicia argentina gracias a que cuenta con la ciudadanía estadounidense. Pero desde este lunes deberá enfrentar una corte federal en Florida por una demanda civil planteada por familiares de cuatro de sus víctimas.
Si había un verdugo en la base aeronaval Almirante Zar, ése era Roberto Guillermo Bravo, un teniente de tan solo 30 años que gozaba maltratando a los presos políticos que habían protagonizado una fuga desde la cárcel de Rawson pero que, a diferencia de sus compañeros, habían llegado demasiado tarde para subirse a un avión y escapar hacia Chile. En la madrugada del 22 de agosto de 1972, Bravo fue uno de los marinos que entró con sus armas al lugar donde estaban los 19 detenidos y detenidas y abrió fuego. Durante casi 50 años, Bravo logró escabullirse de la Justicia. A diferencia de otros militares, no fue juzgado por la Masacre de Trelew porque tuvo la suerte de que la Armada Argentina lo destinara a la embajada en los Estados Unidos. Este lunes deberá sentarse ante un jurado en una corte federal en Florida porque parientes de cuatro de sus víctimas le entablaron una demanda civil que podría abrir la puerta a que, de una vez por todas, el marino retirado –devenido en hombre de negocios– empiece a pagar por sus crímenes.
Eran las 3.30 de la madrugada del 22 de agosto de 1972. Estaba por cumplirse una semana desde la fuga del penal que habían protagonizado militantes de las principales organizaciones político-militares, cuando los marinos comenzaron a abrir los candados de las celdas y a ordenarles a los presos que se formaran en una hilera con las cabezas gachas. Sin más, empezaron a disparar. Algunos murieron en el acto. Otros fallecieron mientras eran atendidos y tres sobrevivieron.
– ¿Van a contestar el interrogatorio? –gritó Bravo mientras caminaba desencajado hacia el interior de la celda que compartían Alberto Camps y Mario Delfino.
– No –le respondieron los dos hombres.
Bravo ni siquiera se inmutó y disparó. Primero a Camps; luego a Delfino, a quien mató en el acto.
Camps sobrevivió a la Masacre de Trelew junto con María Antonia Berger y Ricardo René Haidar. Los tres le relataron su experiencia en mayo de 1973 al periodista y poeta Francisco “Paco” Urondo. Su testimonio se convirtió después en el libro La patria fusilada. Por entonces, la justicia por esos crímenes era un horizonte, pero nadie ni siquiera imaginaba que Bravo sería enviado a Estados Unidos y mucho menos que los tres sobrevivientes se convertirían, años después, en víctimas de la próxima dictadura.
Más allá de las fronteras
Raquel, hija de Camps, es una de las familiares que presentaron en octubre de 2020 la demanda civil contra Bravo en el distrito sur de Florida. También lo hicieron Eduardo Capello, Alicia Krueger y Marcela Santucho por sus parientes que fueron asesinados en la base Almirante Zar.
La iniciativa apunta a obtener algún tipo de reparación por parte de Bravo, que viene consiguiendo sortear a la Justicia argentina por el hecho de haberse radicado en Estados Unidos y haber conseguido la ciudadanía local. A diferencia de sus compañeros de armas, él no fue parte del juicio que se llevó adelante en 2012 en Comodoro Rivadavia, en el que se declaró que la Masacre de Trelew –que adelantó parte de la metodología represiva que implementaría la última dictadura– fue un crimen de lesa humanidad, algo que ratificó en 2014 la Cámara Federal de Casación Penal. Después de muchas demoras en la Corte Suprema, ese fallo quedó firme.
El gobierno nacional reclama la extradición de Bravo desde 2008 para ser juzgado por sus crímenes –16 homicidios y tres tentativas de homicidios–. En 2010, un juez estadounidense rechazó el pedido y convalidó –en gran parte– la defensa de Bravo, que decía que se trataba de una acusación política y que él estaba alcanzado por la amnistía que dictó Héctor Cámpora en mayo de 1973 –que no buscaba más que sacar a los presos políticos de las cárceles–. En 2019, las autoridades argentinas volvieron a pedirle a Estados Unidos que extradite a Bravo. El tema está a estudio del juez Edwin Torres.
En paralelo con la solicitud de extradición para juzgarlo penalmente corre la demanda civil interpuesta por familiares de las víctimas con el apoyo del Center for Justice and Accountability (Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, CJA) y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La presentación se hizo bajo la Ley de Protección de las Víctimas de Tortura (TVPA, por su sigla en inglés), que permite que los tribunales estadounidenses juzguen torturas y ejecuciones extrajudiciales cometidas en otros países.
“Este juicio es una de las tantas estrategias que han ideado las víctimas para llegar a obtener justicia. Los familiares de las víctimas y los tres sobrevivientes vienen haciendo la denuncia para que se investigue desde el momento de los hechos. Finalmente, 50 años después, Bravo se va a sentar frente a un tribunal aunque no sea argentino, pero esto demuestra la determinación de las víctimas”, le dijo a Página/12 Sol Hourcade, coordinadora del área de Memoria, Verdad y Justicia del CELS. “Es un paso muy importante en la búsqueda de justicia”, remarca, por su lado, Eduardo Hualpa, abogado que interviene en la causa por la Masacre de Trelew desde que en 2005 se presentó la denuncia.
De represor a empresario
Después de la masacre, la Armada se ocupó de proteger a sus fusiladores. El entonces teniente Bravo llegó en 1973 a la embajada argentina en EE.UU. como agregado militar. Seis años después, en 1979, pidió la baja. Mientras estuvo en actividad aprovechó para forjar su relación con las fuerzas armadas estadounidenses e hizo cuanto curso pudo: infantería avanzada, asalto aéreo o reconocimiento anfibio con el Cuerpo de Marina. Esas destrezas, en general, no son para alguien que colgó los botines –o, en su caso, la ametralladora–, lo que generó suspicacias sobre si Bravo puede haber vuelto durante la dictadura o si pudo haber incursionado en la represión en Centroamérica. El 24 de marzo de 1980 –al cumplirse el cuarto aniversario del golpe– recibió una buena noticia: tenía la residencia permanente. En septiembre de 1987, ya era ciudadano estadounidense. Para entonces, ya llevaba cinco años viviendo en Miami.
Durante más de 35 años, Bravo fue un misterio para la Justicia argentina. En 2008, una investigación del periodista Diego Martínez en este diario probó que estaba en Miami y dedicado a los negocios. Presidió el RGB Group –que brindaba servicios a las fuerzas estadounidenses–, el RLM Services Inc, el One Fountainhead Center LLC –un negocio inmobiliario– y se dedicó también a la encuadernación a través de la firma Stafford Bookbinding Inc, algo que destacó su abogado defensor para pedir que Bravo esperara la decisión sobre la extradición en su casa. Para ello, Bravo pagó una fianza de un millón de dólares y, junto con sus tres hijos, dos sobrinos y dos amigos, aportaron propiedades por 4.327.000 dólares como garantía.
Las audiencias del juicio civil se extenderán durante la semana. Es probable que el veredicto se conozca después del 4 de julio. De encontrarlo culpable, Bravo no afrontará una pena de prisión, pero es probable que tenga que empezar a pagar por sus crímenes con algo de la fortuna que amasó mientras se escapaba de la Justicia argentina.
