El letrado ya oficia como consultor y será parte de la Subsecretaría Legal de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa.Es uno de los tantos funcionarios investigados por facturar de manera irregular por medio de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
El Ministerio de Capital Humano pareciera estar hecho de conflictos más que de políticas públicas para la población. La mega cartera nacional -que absorbió tres ex ministerios- y que tiene entre sus propósitos garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, está dispuesta a nombrar entre sus abogados y asesores legales a Ariel Romano, un abogado penal que hace dos años se hizo defensor de un abusador de menores.
Desde el entorno de la ministra Sandra Pettovello aún no salió su designación, sin embargo ya oficia como consultor y será parte de la Subsecretaría Legal de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa.
Es uno de los tantos funcionarios investigados por facturar de manera irregular por medio de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
«Presentamos un pedido de informes ante Capital Humano para que explique, entre otras cosas, si existe algún tipo de incompatibilidad o código de ética entre sus funciones y su recorrido profesional», informó en un comunicado la legisladora porteña por Unión por la Ciudad, Victoria Freire, sobre la solicitud aún no respondida.
En tanto, desde Capital Humano argumentaron que «defiende todo tipo cliente, su matrícula se lo permite» y que, en caso de tener que intervenir en alguna situación que tenga que ver con niñez y adolescencia, «podría» llegar a intervenir, pero «no es apoderado de Niñez -es decir, de la Subsecretaría de Políticas Familiares, ex Secretaría de Niñez y Adolescencia-Senaf). sino de Capital Humano».
En el fallo emitido el 19 de diciembre de 2022 por la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ) quedó constatado que Romano fue uno de los defensores de Leonardo Adrián Díaz.
El hombre fue condenado a una pena de diez años de prisión «por ser autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por tratarse de un menor de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia preexistente, en concurso ideal con promoción de la corrupción agravada por ser el imputado conviviente y encargado de la guarda de la víctima».
Pero no sólo eso, la cara de Romano se hizo pública durante la audiencia en Comodoro Py a la que asistió -en calidad de asesor- junto con su superior, Leila Gianni, responsable de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa. Habían sido convocados por la Justicia en el marco de las denuncias contra Pettovello y el Ministerio por la retención de más de cinco mil toneladas de alimentos a punto de vencer. Allí, ambos protagonizaron una discusión con el dirigente social Juan Grabois.
Para más, en el intento por despegarse del escándalo por los alimentos en galpones, el Ministerio hizo dos denuncias por sobresueldos y contrataciones irregulares firmadas tanto por Gianni como por Romano que, paradójicamente, apareció en la lista de funcionarios que factura ante la OEI. Los contratos OEI quedaron bajo el foco de la Oficina Anticorrupción y de la Justicia.
El esquema de la OEI permite cerrar la contratación de personal por fuera de la administración pública, de manera de agrandar la planta de empleados sin dejar un registro público. Lo que investiga la Justicia es que este tipo de contratación sirvió también para pagarle el sueldo a funcionarios que no cumplían funciones, es decir, para hacer una caja política.
Unos días antes de pasar a ser asesor legal de Capital Humano, Romano estuvo contratado como síndico en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), dependiente del ex Ministerio de Trabajo, ahora también bajo el ala de Pettovello.
Según el Boletín Oficial, sólo estuvo allí durante algunos días: entre el 13 y el 23 de mayo.
