El ministro de Desregulación reconoció que disminuyeron los asalariados registrados, aunque atribuyó parte del fenómeno al crecimiento del monotributo. Al mismo tiempo, rechazó cualquier asistencia estatal para los hogares que no pueden afrontar sus deudas y responsabilizó a bancos y tarjetas.
En una columna publicada en La Nación, el ministro admitió que “caen los asalariados formales” aunque sostuvo que durante los últimos tres años se incorporaron alrededor de 500.000 puestos de trabajo. Su explicación es que una parte importante del mercado laboral se desplazó hacia modalidades no asalariadas, especialmente el monotributo.
Según los datos que presentó el propio funcionario, en ese período los puestos no asalariados aumentaron en 491.000, mientras que los asalariados no registrados crecieron en 190.000. Sturzenegger vinculó el avance del monotributo con la ampliación de ese régimen incluida en la Ley Bases.
El problema es qué significa esa transformación para los trabajadores.
Porque pasar de un empleo asalariado registrado a una modalidad como el monotributo no es simplemente cambiar una categoría estadística: implica otra relación laboral, distintas obligaciones y diferentes niveles de protección. El Gobierno, en cambio, presenta esa transformación como una consecuencia natural de la búsqueda de mayor flexibilidad.
Y cuando aparecen las deudas, tampoco hay auxilio
La posición oficial se vuelve todavía más contundente cuando se habla del endeudamiento de las familias.
Sturzenegger rechazó que el Estado deba intervenir para asistir a quienes no pueden afrontar sus compromisos financieros. Apuntó directamente contra bancos y emisores de tarjetas, a quienes responsabilizó por haber otorgado esos créditos.
Su argumento es que las entidades financieras son suficientemente grandes como para asumir el riesgo de los préstamos que concedieron y que, si los deudores dejan de pagar, el problema principal corresponde a quienes prestaron el dinero.
El ministro también buscó relativizar el problema señalando que el financiamiento bancario al sector privado representa alrededor del 12% del PBI y que la cartera irregular no alcanza el 1% del producto.
Pero hay una discusión que esos porcentajes no necesariamente responden:
¿Qué pasa con la familia que tiene que endeudarse para llegar a fin de mes?
Porque una cosa es mirar la morosidad desde el balance de los bancos y otra muy distinta es mirar la deuda desde la mesa de una familia.
Si el empleo formal pierde terreno, si crecen las formas laborales más precarias y, al mismo tiempo, las familias recurren al crédito para sostener su consumo, la pregunta deja de ser solamente cuánto deben los hogares.
La pregunta es por qué necesitan endeudarse para vivir.
Y ahí aparece una de las grandes contradicciones del modelo: el Estado se retira de la protección laboral y también rechaza intervenir frente al endeudamiento, mientras presenta esa retirada como libertad y flexibilidad.
Menos empleo formal. Más monotributo. Más crédito para sobrevivir. Y ninguna ayuda para quienes no pueden pagar.
Ese es el debate que queda abierto.