La acusación por este delito, que prevé penas de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, fue presentada por el abogado Federico Paruolo.
La senadora neuquina de la Unión Cívica Radical (UCR), Carmen Lucila Crexell, fue denunciada por «cohecho» luego de que trascendiera que el Gobierno nacional busca designarla como embajadora argentina ante la Unesco y piden que sea «excluida de la votación» de la Ley Bases en el Senado.
La acusación por este delito, que prevé penas de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, fue presentada por el abogado Federico Paruolo y recayó en el juzgado de Ariel Lijo.
En la denuncia se plantea que el documento de Cancillería filtrado, en el que se designa a Crexell como «Delegada Permanente de la República ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura», forma parte de «un plan para comprar el voto de la senadora» en la votación de la Ley Bases.
«El documento referido resulta ser el paso previo y necesario para el envío del pliego de la senadora Crexell, es decir que el ‘iter criminis’ se encuentra en marcha, el plan para comprar el voto de la senadora Crexell está a solo la emisión del voto de la senadora Crexell y un mensaje de Cancillería para haberse consumado», detalló la denuncia.
En ese sentido, el documento señaló que se «ha superado lo que usualmente se denominan ‘actos preparatorios’, puesto que sin este paso el delito no puede consumarse, así nos encontramos con un claro inicio de ejecución que, a estas alturas, solo podrá ser evitada su consumación mediante la rápida y efectiva intervención de VS».
La presentación pidió que para «evitar la consumación del delito» se debe no sólo «excluir» de su tratamiento a la senadora denunciada sino también «diferir» el debate de la Ley Bases.
«Se excluya de la votación a la denunciada. Siendo que este extremo en nada vulnera la labor parlamentaria, pudiendo ser sustituida por quien continúe en el orden de elección en la boleta en la que la denunciada se postulara para el cargo que penosamente hoy detenta», detalló el documento.
También se solicita «que la Honorable Cámara de Senadores, a través de su presidenta, difiera el tratamiento del proyecto de la ‘Ley Bases’ hasta tanto se resuelva la cuestión aquí planteada, es decir se garantice el libre voto de las y los senadores, votó que solo debe representar a quienes les han confiado, con su voto, la creación y sanción de leyes, entre otras atribuciones», agregó el texto.
Para el denunciante, el caso de Crexell es una «cuestión judiciable» porque la senadora recibió «un nombramiento» y luego afirmó que votará «en favor» de la Ley Bases, de la que antes «se mostraba reticente».
«En el caso constituye una cuestión judiciable el hecho de que una senadora haya recibido un nombramiento, y reconozca que ejercerá el voto en favor de un proyecto de ley, del que antes se mostraba reticente, para luego dejar el cargo y retirarse del país, a ejercer un cargo ajeno a la competencia que actual posee, sumado al cuantioso ingreso que percibirá en moneda extranjera», recalcó la denuncia.
Además, en el texto se solicitó la «geolocalización de su teléfono móvil, registro de llamadas entrantes y salientes»; la constatación en el Senado del «listado de entradas y salidas registradas» de la denunciada y de «terceras personas que pudieran haber solicitado audiencia»; una «orden de allanamiento y secuestro de todo dispositivo móvil» y/o «aparato de almacenamiento»; y un pedido a Cancillería con «todo lo relativo al expediente» de la designación de Crexell ante la Unesco.
