El Presupuesto 2026 que anoche votó Diputados desprotege a la Educación y la Cultura, multiplica el ajuste, favorece a los más ricos y carga los costos sobre los más desprotegidos. Pero el festejo oficial no fue completo. La Cámara rechazó derogar el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad.
Con ayuda de aliados, el gobierno aprobó su primer presupuesto en el tercer año de gestión con 132 votos positivos, 97 en contra y 19 abstenciones tras dos años con amplios márgenes de discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos. La derogación intempestiva del Financiamiento Universitario y de la emergencia en discapacidad recalentó el debate. La dupla integrada por “Lule” Menem y Diego Santilli se atrincheró en el despacho de Martin Menem y mantuvo una negociación permanente y desesperada con gobernadores y bloques dialoguistas. La Ley de Leyes, diseñada para blindar el superávit financiero, profundiza el ajuste sobre todas las áreas sensibles del Estado. El oficialismo contó con el respaldo del PRO, la UCR, el MID y de un grupo de gobernadores colaboracionistas. En la última semana, el Gobierno abrió la billetera y giró más de 66 mil millones de pesos en ATN para aceitar la mayoría. Minutos antes de la votación el oficialismo incorporó en el capítulo 11 para blindar las derogaciones un guiño al PRO con la coparticipación porteña y un mayor financiamiento para el Poder Judicial. Germán Martinez, de UxP, denunció la maniobra. No le alcanzó para evitar que la Cámara rechace ese capítulo.
El presupuesto libertario que consiguió media sanción no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé la reactivación de la obra pública ni incorpora herramientas para impulsar la actividad económica. En cambio, consolida un esquema de ajuste con proyecciones macroeconómicas “fuertemente desfasadas”, según advirtieron desde el CEPA, y un Congreso reducido a la lógica del toma y daca. Ahora Bullrich buscará darle la aprobación final el viernes 26 en el senado junto a la reforma laboral
El gobierno consiguió el quórum a las 14.28 del miércoles y al filo del tiempo reglamentario. “Transpiraron un poco”, chicanearon desde el interbloque Unidos, los últimos en sentarse para dar inicio a la maratónica sesión en la que el oficialismo puso en juego su primer presupuesto y buscaba aprobar (al cierre de esta edición) otras dos leyes a pedido del FMI y la Casa Blanca: la Ley de Responsabilidad Fiscal —que establece que las normas que violen la regla fiscal y no indiquen su fuente de financiamiento serán nulas y prevé penas de hasta seis años de prisión para los legisladores que desafíen el Excel libertario— y un nuevo blanqueo, rebautizado “inocencia fiscal”, para que los argentinos saquen los dólares del colchón sin consecuencias futuras.
