La reforma laboral incorpora una disposición que impacta directamente en el mercado inmobiliario. A partir del 1° de enero de 2026, los propietarios que alquilen inmuebles destinados a vivienda familiar quedarán exentos de pagar impuesto a las ganancias por esos ingresos. Además, quienes vendan propiedades tampoco tributarán ganancias por esa operación, siempre que se trate de personas físicas y no de empresas o desarrolladores.
POR FM CB
En términos simples, el argumento oficial es que estas medidas buscan incentivar la oferta: si alquilar o vender resulta más rentable para el propietario, más inmuebles podrían volcarse al mercado. La lógica económica detrás de esta decisión es conocida: a mayor oferta, eventualmente podrían moderarse los precios.
Pero la pregunta que surge es inevitable: ¿esto garantiza realmente un alivio para quienes alquilan?
La respuesta, al menos por ahora, parece ser no. La norma mejora claramente las condiciones para una de las partes del mercado: los propietarios. Sin embargo, no establece ningún mecanismo que asegure que ese beneficio impositivo se traduzca en alquileres más accesibles.
En otras palabras, el Estado renuncia a cobrar un impuesto con la expectativa de que el mercado se autorregule. Pero esa expectativa no necesariamente se traduce en una reducción de los costos que hoy enfrentan miles de familias para acceder a una vivienda.
En muchas ciudades del país, el alquiler se ha convertido en uno de los gastos más pesados del ingreso familiar. Contratos dolarizados de hecho, ajustes frecuentes y valores iniciales muy elevados son parte de una realidad que tensiona cada vez más el acceso a la vivienda.
Por eso el debate de fondo sigue abierto. Incentivar la oferta puede ser una herramienta, pero difícilmente sea suficiente si no se piensa también en políticas que contemplen el equilibrio entre propietarios e inquilinos.
Porque en definitiva, el mercado inmobiliario no es solo un negocio: es también el espacio donde se juega un derecho básico, el derecho a la vivienda.
Habrá que ver, con el paso del tiempo, si estas medidas logran ampliar la oferta y moderar los precios. O si, por el contrario, terminan siendo simplemente un beneficio fiscal más para quienes ya tienen una propiedad en alquiler o para vender.