Los jueces Javier Rizzi y Luis María Anzoátegui fueron citados ante el Consejo de la Magistratura
El Consejo de la Magistratura votó por unanimidad citar a los jueces Javier Rizzi y Luis María Anzoátegui, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N 8, denunciados por haber ordenado investigar a médicos y funcionarios de la defensa pública que garantizaron la aplicación de la interrupción legal del embarazo a una niña víctima de abuso y ejercer violencia de género e institucional a través de una sentencia. La fecha fijada para su presentación es el 27 de septiembre.
En la audiencia pública de la comisión de Acusación, llevada a cabo esta mañana, los consejeros y consejeras resolvieron citar para el 27 de septiembre a los jueces, que tienen varias denuncias en su contra pidiendo juicio político y en más de una causa.
El voto llegó después de varios intentos de postergación del tratamiento, primero por parte del presidente de la Comisión y diputado de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli y luego por la consejera Jimena La Torre, que pidió aplazar el tratamiento para poder estudiar el expediente, que ya lleva dos años en el Consejo y que, como se ocuparon de aclarar varios consejeros, como en todos los casos, a los tres años prescribe. Como denunció este diario, el expediente fue cajoneado en varias oportunidades por Tonelli, quien primero quiso que el expediente quedara en la Comisión de Disciplina, donde se le podría aplicar una sanción menor. En una votación, finalmente perdió su postura y se resolvió que el caso se radicara en la Comisión de Acusación. Hoy planteó que había que volver a votar si estaba bien que el expediente quedara en esta Comisión o debía volver a la de Disciplina.
¿Por qué fueron denunciados? En octubre de 2020, Página/12 reveló que Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi denunciaron “la posible comisión del delito de homicidio y/o la comisión del delito de homicidio prenatal o aborto” y pidieron que se investigue la conducta de los organismos y funcionarios/as que le garantizaron a una niña, víctima de violación desde los cinco a los catorce años por parte de su hermanastro, su derecho legal a interrumpir el embarazo producto de los abusos. Los jueces llamaron “sicarios” y “asesinos a sueldo” a los médicos. Además, compararon la ILE con los métodos de tortura de la mafia o los rituales de las tribus antropófagas y llamaron “manual de salvajadas inhumanas” al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, del Ministerio de Salud de la Nación. La primera denuncia contra la actuación de los jueces fue de Soledad Deza, presidenta de la Fundación Mujeres x Mujeres, y Julieta Arosteguy, docente de Salud y Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Quilmes. Luego le siguieron otras: Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, gremio de judiciales SITRAJU, Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y del fiscal César Troncoso. Este año, además, Antozoátegui y Rizzi volvieron a ser denunciados en el Consejo de la Magistratura por otro fallo en el que se negaron a aplicar la figura de femicidio porque consideraron que el concepto de violencia de género responde a “una ideología falaz”.
Los argumentos para pedir el juicio político a los magistrados son, según la presentación de Mujeres x Mujeres, “ignorancia inexcusable de derecho”, arrasar “con estándares de derechos vigentes para el acceso a la salud, el ejercicio de la autonomía reproductiva y el respeto por la dignidad de las mujeres y personas gestantes con derecho a abortar”. Así como el desconocimiento del derecho por parte de los jueces y el “indebido uso de la Magistratura para exponer cosmovisiones personales” y “su inocultable sesgo religioso. Otras denuncias coinciden en que el desconocimiento “inexcusable del derecho”, la “utilización de un lenguaje injurioso” y la “orden de investigar hechos que no constituyen delito” son causa para que los jueces sean apartados de sus cargos.
Estos argumentos y otros fueron retomados por el dictamen de la diputada Vanesa Siley que encabezó el pedido de acusación. En su presentación destacó el desconocimiento del derecho de los jueces y el haber proferido expresiones misóginas contrarias al sistema normativo respecto de los derechos humanos, y de los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes en particular. Recordó en su presentación que se trata del primer caso en el Registro Público de Denuncias Contra Magistrados, creado el 8 de marzo de 2021, por inobservancia de la normativa internacional. Además, dijo que en su sentencia los magistrados produjeron violencia institucional contra la niña, se apartaron de su mandato constitucional para plasmar sus opiniones personales, religiosas, políticas en relación con la interrupción legal del embarazo. “Los jueces y juezas de esta nación argentina, siendo parte del Estado argentino, tienen la obligación de cumplir las normas de erradicación de la violencia hacia las mujeres. No es una opción, no es deliberativo, no es un pensamiento político, mucho menos ideológico. Es la obligación como parte del Estado argentino de cumplir las normas internacionales de violencia contra las mujeres”, apuntó.
En la misma línea la consejera Fernanda Vázquez consideró que no era admisible una postergación del tema. Dijo que Rizzi y Anzoátegui merecen “el rechazo y la vergüenza por las expresiones hacia las mujeres en particular y hacia diversos colectivos”. La consejera Paloma Tolosa apuntó que estamos ante “hechos gravísimos” y planteó que “es inadmisible que estemos dos años con evaluar cual es el procedimiento adecuado”. Después de estas consideraciones y las resistencias ya citadas, finalmente se logró el voto para citar a Rizzi y Anzoátegui y escuchar lo que tengan para decir.
“Este avance expresa el triunfo de los feminismos sobre el statu quo conservador del Consejo que trató hasta el último momento de la sesión, estancar el tema que ya llevaba dos años de demora. Es muy importante para la transparencia estatal que los mecanismos de control de magistrados y magistradas funcionen, y mucho más importante es que la administración de justicia sancione la misoginia, el machismo y el sexismo institucional para la que la igualdad de género no sea sólo una linda promesa constitucional”, dijo a Página/12 Soledad Deza. Por su parte, Siley celebró en las redes el apoyo feminista: “Si la sociedad se involucra todo es posible. Gracias a las organizaciones y asociaciones por la lucha inclaudicable, por velar por una justicia con perspectiva de género”.
