La magistrada, María Eugenia Capuchetti, rechazó el pedido de la fiscalía para secuestrar el teléfono del diputado del PRO
En la causa por el intento de asesinar a la vicepresidenta, el fiscal Rívolo había solicitado analizar el celular de Milman después de que una exsecretaria del legislador declarara que, en oficinas de Patricia Bullrich, borraron el contenido de su teléfono y el del propio dirigente del PRO. Capuchetti se negó a investigarlo con el argumento de que antes habría que iniciar un trámite de desafuero en la Cámara de Diputados «por la posible comisión de un ilícito penal».
La jueza María Eugenia Capuchetti no quiere secuestrar y analizar el «celular o los celulares» de Gerardo Milman en la causa sobre el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Lo dejó en claro al rechazar un pedido que hizo el fiscal Carlos Rívolo después de la última declaración testimonial de Ivana Bohdziewicz, una exsecretaria del diputado de Juntos por el Cambio que relató que, el 10 de noviembre del año pasado, su excompañera Carolina Gómez Mónaco la llevó a una oficina de Patricia Bullrich a borrar el contenido de su celular con la excusa de evitar que se filtrara a los medios información privada e íntima. Allí las esperaban un perito y el propio Milman, cuyo teléfono también fue «manipulado», según contó el viernes 5 de mayo, como reveló Página/12.
El fiscal había pedido el o los celulares de Milman ante la sospecha de que hubiera convocado a sus colaboradoras «para borrar o intentar borrar información que podría ser de interés» para la investigación del atentado contra la vicepresidenta, en función del relato de Bohdziewicz. Ella había pedido declarar ya a comienzos de mes, pero como Rívolo se iba de vacaciones la convocó para su vuelta. Pero ella se adelantó y fue directo a Comodoro Py porque dijo que se sentía presionada por el tenor de mensajes que empezó a recibir de Gómez Mónaco, quien se enteró de que ella pedía testificar otra vez.
El argumento de la magistrada para rechazar el pedido de Rívolo es que, para secuestrar el celular a Milman o tomar medidas respecto de sus comunicaciones, habría que iniciar un trámite de desafuero ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados «por la posible comisión de un ilícito penal». Lo que sucede, acotó, es que el diputado no está imputado en la causa.
En la misma resolución, la jueza hizo lugar a «la extracción forense» de información del celular de Gómez Mónaco que fue secuestrado la semana pasada, que encomendó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a la Dirección de Investigaciones y Apoyo Tecnológico del Ministerio Público Fiscal (DATIP). De ese teléfono los investigadores no tenían ni noticias: supieron de su existencia por la reciente declaración de Bohdziewicz, que dijo entender que era una segunda línea que usaba la asesora, que no estaba a su nombre, y que no había entregado al juzgado o la fiscalía. La realidad es que ya pasaron ocho meses y medio desde el ataque a CFK y siete desde que Milman y equipo entraron en escena en la causa.
Capuchetti advirtió que el análisis de ese equipo tendrá que quedar limitado a cualquier mención vinculada con el atentado y a posibles referencias que ayuden a corroborar lo que declaró Jorge Abello –asesor del diputado Marcos Cleri (Frente de Todos)– , el hombre que dijo haber escuchado a Milman en el restaurante Casablanca decir la frase «cuando la maten voy a estar camino a la costa», dos días antes del ataque a CFK. Por el relato del testigo se supo que ese día el diputado estaba con dos asesoras, que resultaron ser Gómez Mónaco y Bohdziewicz, como mostraron las cámaras de la zona. El período que deberá abarcar, detalló, es desde el 1 de julio al 1 de diciembre de 2022.
Milman y sus asesoras, con ventaja
Es ostensible el tiempo que tuvieron los tres protagonistas de Casablanca para, si querían, hacer desaparecer o manipular pruebas. Las secretarias de Milman mintieron en su primera declaración el 26 de octubre: primero dijeron que no recordaban haber estado en ese bar, pero cuando les mostraron las filmaciones cambiaron de idea. Además tuvieron contradicciones entre ellas. Pero Capuchetti, pese a la insistencia de la querella de CFK, no secuestró los teléfonos. Recién el 1 de diciembre, después de un señalamiento de la Cámara Federal, les volvió a tomar declaración e incautó los celulares. Allí Ivana dijo que había borrado todo, que se había asesorado, porque temía que se filtrara contenido privado. Carolina avisó que se había comprado un aparato nuevo, pero no informó que usara otra línea.
A Milman prácticamente se lo trató como si él fuera una víctima: la jueza aceptó, a pedido suyo, denunciar por falso testimonio a Abello, a quien nunca le ampliaron la declaración testimonial, pese a que en la primera no habían estado presentes las partes. En un comienzo el problema fue que sufrió un ACV, luego la justificación fue que tramita una causa en su contra, entre otras cosas.
Tampoco se estudió el extraño proyecto presentado por el diputado dos semanas antes del intento de magnicidio, donde pedía al Poder Ejecutivo información sobre la custodia de la vicepresidenta, protección para jueces y fiscales (transcurría el juicio de Vialidad) y anticipaba: “No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales (…) y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique”. En su última declaración, Bohdziewicz dijo que después del atentado, Milman mandó un mensaje a su equipo «canchereando», diciéndoles que leyeran su proyecto porque él veía el futuro. Todo esto, por sentido común, lleva preguntarse si el diputado cuanto menos sabía algo de lo que podía ocurrir. La realidad es que esta pista política y la reconstrucción sobre toda posible autoría intelectual fue dejada de lado, igual que la posibilidad de un financiamiento de los agresores. Las únicas pistas sobre esto quedaron en otro expediente sobre la organización de ultraderecha Revolución Federal.
Testigo que incomoda
Ivana Bohdziewicz fue echada del despacho de Milman el 2 de enero. Gómez Mónaco sigue allí. Tiene una relación de larga data con el legislador. En 2017 la nombró –sin antecedentes– directora de la Escuela de Inteligencia del Delito del Ministerio de Seguridad que comandaba Patricia Bullrich y del que Milman era el número dos. Su hermana fue designada para manejar los fondos, en buena parte reservados. En su declaración de hace dos viernes contó cómo llegó hasta las oficinas de Bullrich en Avenida de Mayo 953 (sede del IEES, la fundación que dirige Bullrich, denunciada por desviar dinero para la campaña). Explicó que antes de ir ahí tomó un café con Gómez Mónaco y que quedó intranquila: «Carolina me comenta que Milman le dijo que que había hablado con Patricia (Bullrich) y que nos iba a poner un perito para ver la información que tenían los celulares porque era probable que se filtrara nuestra información», relató bajo juramento. También dijo que estuvieron cuatro horas con el perito. Que a Carolina la mandaron a comprar un celular nuevo (Iphone) y cambiar la contraseña de Icloud para lo cual le indicaron que dijera que no la conocía. Ese fue el aparato que entregó en diciembre al juzgado. Bohdziewicz dijo que se enteró por Milman que iban a secuestrarles los celulares.
Capuchetti señaló que advierte «inconsistencias» en el relato de la exasesora. Reparó en que en su declaración anterior había dicho que borró el contenido de su celular por voluntad propia, después de asesorarse. La última vez, en cambio, sostuvo que fue llevada para eso, que revisaron su teléfono y que aceptó el borrado. Según la jueza esto no aporta nada nuevo a la investigación. Pero, además, reiteró la misma postura que dijo sostener cuando se negó a incautar los celulares de Bohdziewicz y Gómez Mónaco: que es un último recurso ya que «acarrea una intromisión al ámbito de la privacidad de personas no imputadas».
Rívolo había pedido también un «estudio de las comunicaciones» de los teléfonos utilizados por Milman, Bohdziewicz y Gómez Mónaco, para ver con qué abonados se comunicaron en el mes previo al atentado. Pero la jueza lo rechazó también. Dijo que era suficiente con el registro de llamadas entrantes y salientes de los cuatro imputados por el hecho material: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte, Gabriel Carrizo y Agustina Díaz. O sea, su razonamiento es que de ahí debería haber surgido algún vínculo. Es evidente que sigue en la línea de mandar la causa a juicio oral cuanto antes y dar por terminada la investigación de intento de asesinato de la vicepresidenta, que de milagro no se concretó.
